Ante las especiales características de la configuración territorial aragonesa, compuesta de un amplia superficie y de una escasísima población, derivándose en un minifundismo local, es decir, elevado número de municipios de pequeño tamaño donde la emigración y el envejecimiento de la población son constantes, así como la falta de iniciativas de desarrollo económico que hacen prever una drástica reducción de su número en un futuro próximo, los representantes públicos han optado por poner en marcha una serie de políticas reequilibradoras con la finalidad de afianzar el futuro de la Comunidad, siendo una realidad susceptible de ser mejorada y encontrándose la razón de este desequilibrio en la evolución del comportamiento demográfico.

 

La principal de estas políticas que desarrolla el ejecutivo aragonés, basada en la descentralización del poder político y en el acercamiento de la capacidad de toma de decisiones al territorio, y por tanto, a los ciudadanos que en él viven, que pretende así mismo posibilitar el acceso a las mejores condiciones de calidad de vida a todos los aragoneses y que establece un nuevo modelo de organización territorial, es la comarcalización de Aragón.

 

Cada Comarca tiene unas cualidades comunes que la singularizan:

 

  • Protección Civil y Prevención y extinción de incendios
  • Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos
  • Promoción del Turismo
  • Juventud
  • Deportes
  • Patrimonio Cultural y tradiciones populares
  • Cultura
  • Acción Social
  • Administrativa del territorio aragonés.
  • Ejercer las competencias que les transfiere la Administración de la Comunidad Autónoma y establecer la nueva organización político
  • Expresar un proyecto político, económico, social y cultural de los habitantes de la Comarca
  • Una historia y un futuro común.
  • Un modo específico de vida: idioma, costumbres, tradiciones
  • Un espacio compartido: de comunicación entre sus vecinos
  • Un espacio natural diferentes: una geografía común, un entorno ecológico y paisajístico.

 

Las Comarcas de Aragón además de ser unas realidades geográficas, históricas, culturales, sociales y económicas, se configuran como un nivel de administración al servicio de la organización territorial al que se le otorga la condición de entidad local y la titularidad de competencias propias, como medio para:

 

Con la aprobación de la Ley 10/93, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, se da el pistoletazo de este “largo camino hacia las Comarcas”, que transcurridos diez años después, cuenta con un marco legal que ha permitido que a finales de mayo de 2003, 32 comarcas estén creadas mediante una Ley en Cortes y tengan constituido su Consejo Comarcal, habiendo elegido su Presidente.

 

La Ley de Comarcalización de Aragón presenta como uno de sus aspectos más singulares, la voluntariedad del proceso Comarcalizador, ya que establece que la iniciativa de creación de cada Comarca debe ser adoptada por una mayoría cualificada de los entes locales (municipios y/o mancomunidades de interés comarcal) integrados en el territorio de la delimitación comarcal, y que representen de la misma forma a su población.

 

En los años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Comarcalización, se ha ido componiendo poco a poco la urdimbre jurídica que ha hecho posible esta realidad, celebrándose numerosos encuentros bilaterales entre responsables de la Dirección General de Administración Local y Política Territorial del Gobierno de Aragón y los miembros de los Grupos de Trabajo que se constituyeron en cada una de las delimitaciones comarcales, integrados éstos por responsables de los diferentes partidos políticos en función de la representatividad alcanzada en ese ámbito en las elecciones locales.

 

Estos primeros pasos en la comarcalización del territorio aragonés tuvieron lugar durante el Gobierno de coalición PP-PAR, avanzando en la descentralización de la Administración de la Comunidad Autónoma con la inauguración de diversas oficinas delegadas, pero no hubo un empuje suficiente para abordar el tema de la comarcalización, y las escasas propuestas que surgieron al respecto no obtuvieron el impulso necesario.

 

Con la llegada al Gobierno aragonés de la coalición PSOE-PAR el año 1999, la comarcalización cobra un impulso desconocido hasta la fecha. Si bien el Presidente aragonés en su discurso de investidura, se mostraba un tanto reservado en el planteamiento Comarcalizador, apostando por un reforzamiento de las mancomunidades de interés comarcal como ensayo de lo que deberían ser las futuras comarcas, el Vicepresidente, José Angel Biel, ya plantea en su comparecencia ante las Cortes de Aragón, en el mes de septiembre del mismo año, la decidida voluntad política del ejecutivo de impulsar el proceso de comarcalización.

 

La Ley 10/93, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón señaló el procedimiento para que un conjunto de municipios pudiera llegar a constituirse en comarca. Posteriormente, la Ley 8/96, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón hizo viable dicho procedimiento al establecer una división territorial de referencia.

 

La voluntariedad para la iniciación del proceso y la necesidad de un alto grado de consenso para llevarlo adelante son otras características básicas del mismo. La Ley reserva únicamente a los municipios, a las mancomunidades de interés general y a la propia Diputación General de Aragón la posibilidad de iniciar el procedimiento que debe finalizar en la creación de una Comarca. Tanto los municipios como las mancomunidades han tenido un elevado protagonismo en la puesta en marcha del proceso.

 

La creación de una comarca, desde que una mancomunidad o los municipios de una delimitación comarcal ejercen la iniciativa para este fin, es un proceso compuesto por fases de diversa índole: administrativa, política, de participación ciudadana, etc. que deben cumplimentarse en distintas instancias: municipal, autonómica, parlamentaria y comarcal, para alcanzar el objetivo pretendido.

 

Para la constitución de las comarcas fue necesario la elaboración de un estudio documentado, siendo tres los aspectos del estudio: la denominación de la comarca, la capitalidad y los municipios que formarían parte de la misma, constituyendo el caballo de batalla en este proceso.
La denominación de la comarca, como se ha demostrado a lo largo

 

del proceso, no es una cuestión baladí. La elección del nombre definitivo del territorio, sin duda una de sus señas de identidad más importantes, ha suscitado importantes debates en el seno de algunas comarcas.

 

La fijación de la capital como sede de los órganos de la comarca, era un tema que la Ley de Comarcalización de Aragón pretendía resolver mediante la posterior Ley de Delimitación Comarcal. La polémica suscitada por este tema, durante su paso por el parlamento aragonés, aconsejó diferir la cuestión al momento en que se tramitase cada una de las leyes de creación de las comarcas, siendo determinante para su localización el número de habitantes de la población principal frente al resto. Es curiosamente en la Comarca del Maestrazgo, junto con la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, una comarca donde la capital no es la población con mayor número de habitantes. Son motivos de centralidad o accesibilidad los que movieron a ubicar la capital de la comarca en Cantavieja en detrimento de Castellote, además de contemplarse la circunstancia de que la incorporación de Castellote a la Comarca ya muy avanzado el proceso de su creación, habiéndose superado incluso el período de enmiendas, no aconsejó, probablemente, realizar ninguna propuesta en este sentido.

 

En ocasiones, los municipios que componían cada delimitación comarcal también fueron objeto de contestación con motivo de la aprobación del estudio documentado. Algunos municipios mostraron su disconformidad por el lugar en que la Ley de Delimitación Comarcal y solicitaron, desde el primer momento del proceso, su adscripción a otra comarca.

 

El primer proyecto de ley que se vio afectado fue el de creación de la comarca del Maestrazgo. En esta comarca, se había realizado la consulta sobre el cambio de delimitación comarcal solicitado por los ayuntamientos de Bordón, Castellote y Molinos, introduciendo al final del proceso la incorporación definitiva de estos municipios a la Comarca.

 

En la redacción de los anteproyectos de ley de cada comarca se ha seguido el criterio de adoptar, para todas las comarcas, el mismo texto básico, sobre el que, a lo largo del proceso, apenas se han introducido variantes significativas. El reflejo de las peculiaridades específicas de cada comarca apenas traspasa la exposición de motivos de cada una de las leyes, prevaleciendo, para todas las comarcas, la aplicación del principio de simetría cualitativa.

 

La creación de la Comarca del Maestrazgo se vino en concretar en la Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la Comarca del Maestrazgo, publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 53 de 8 de mayo y en el B.O.E. nº 134 de 05 de junio.
Una vez que esta Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la Comarca del Maestrazgo, entró en vigor, el mecanismo para la constitución del primer Consejo Comarcal se ponía inmediatamente en marcha. La primera actuación era la de nombrar los miembro electos de este Consejo Comarcal. Según la Disposición Transitoria Primera de esta ley corresponde a la Junta Electoral de Aragón realizar las actuaciones previstas en su artículo 12 en el plazo de un mes tras la entrada en vigor de la ley.

 

Tras la designación de los miembros electos del Consejo Comarcal, consecuencia de los resultados de las Elecciones Locales celebradas en el año 1999, se constituye la Comarca del Maestrazgo el día 13 de junio de 2003, nombrando Presidente a D. José Antonio Ripollés Moles del Partido Aragonés, con los votos favorables de su partido y el apoyo mostrado por los miembros del Partido Popular. El número de consejeros que forman parte del Consejo Comarcal del Maestrazgo asciende a 19 según lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 10/93, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón.

 

Una vez constituido el Consejo Comarcal, la comarca comenzó su andadura mediante la constitución de la Comisión Mixta de Transferencias con la Administración de la Comunidad Autónoma por Orden de 2 de julio de 2002 del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

 

Se trata de una mesa paritaria, en la que se han ido logrando los acuerdos con los que, tras la publicación del Decreto de transferencias 295/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se traspasan funciones y servicios a la Comarca del Maestrazgo, la comarca ha recibido el traspaso de las funciones y servicios del primer bloque de competencias según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2001:

 

Tras la celebración de las Elecciones Locales de 25 de mayo de 2003, se renueva la composición de los Consejos Comarcales y se constituyen las 32 comarcas aragonesas el día 30 de julio de 2003.

 

En la segunda constitución de la Comarca del Maestrazgo se nombra como Presidente a D. Mariano Balfagón Gascón del Partido Aragonés con el apoyo de los miembros del PSOE, iniciándose la etapa de consolidación de la creación y funcionamiento de la Comarca del Maestrazgo, quedando pendiente la fijación de cuestiones tan importantes como el ritmo de traspaso de funciones y servicios del segundo y tercer bloque de competencias, volumen de materias, lo suficientemente amplio como para pensar que el proceso de comarcalización mantenga en el futuro, como mínimo, el mismo protagonismo que ha adquirido hasta ahora. Seguir avanzando en la descentralización, significa una mejor gestión de las políticas públicas y una prestación más eficiente de los servicios. Aquí es donde aparece el primer requisito imprescindible con perspectiva de futuro: el establecimiento de cooperación entre administraciones de una forma sistemática y coherente, acomodando las funciones institucionales al impacto ocasionado por la descentralización de competencias transferidas a los nuevos entes territoriales.

 

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